Piden el arresto preventivo del ex presidente de Armenia Robert Kocharian

El Servicio de Investigación Especial de Armenia (SIS), solicitó a un tribunal de Ereván el arresto preventivo del ex presidente de Armenia Robert Kocharian este jueves 26 de julio, tras interrogarlo durante casi tres horas por los cargos criminales que se le presentaron a raíz de una dura represión en 2008 bajo su gobierno contra manifestantes de la oposición en Ereván. La acusación contra Kocharian es por “violar el orden constitucional de Armenia” (Artículo300/1 del Código Penal) durante las últimas semanas de su mandato.

Se investiga el uso de fuerza letal contra partidarios de Levon Ter-Petrosian, principal candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de febrero de 2008, quien también había presidido el país de 1991 a 1998, siendo el primer mandatario de Armenia luego de independizarse de la Unión Soviética.

Ter-Petrosian había organizado continuas manifestaciones contra lo que consideraba resultados fraudulentos de la votación que le había dado la victoria a Serge Sarkisian, presidente de Armenia desde 2008 hasta abril de este año, cuando se vio forzado a renunciar tras masivas movilizaciones populares encabezadas por el actual primer ministro Nikol Pashinyan, quien en las manifestaciones de 2008 apoyaba a Ter-Petrosyan. Ocho manifestantes y dos policías murieron mientras las fuerzas de seguridad sofocaban las protestas en la noche del 1 al 2 de marzo de 2008 en Ereván. Hasta este momento, nadie había sido procesado por estas muertes.

Kocharian ha defendido repetidamente la represión postelectoral, afirmando que impidió una toma violenta del poder por parte de la oposición dirigida por Ter Petrosian. A principios de este año, culpó a Pashinyan por ese derramamiento de sangre.

Este mes el SIS también había emitido una orden de arresto contra el general retirado Mikael Harutiunian, quien se desempeñó como ministro de Defensa durante aquellos disturbios. Se lo acusó de usar ilegalmente las Fuerzas Armadas contra los manifestantes, lo cual, según la entidad acusadora, equivale a una “violación del orden constitucional”.

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